Ante el avance de un proyecto de ordenanza enviado por Guillermo Montenegro para instalar un bar en el predio donde funcionó un centro clandestino de detención, organismos de derechos humanos de Mar del Plata alzaron la voz para repudiar la normativa. Sin embargo, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Obras y pasará a la de Legislación. De recibir luz verde, será tratado en el recinto donde podría ser convertido en ordenanza.
Junto al actual Faro de la Memoria, en esa ciudad balnearia, se encuentra la Ex Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (Esim), “un predio con mucho valor emotivo y simbólico, porque en ese lugar funcionó un centro clandestino de detención. No lo decimos nosotros, lo dicen los testigos que estuvieron ahí, soldados que hicieron la colimba e incluso planos del Ejército”, dijo Fernando Martínez Delfino, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos, ante la Comisión de Obras donde intervino. Allí, el proyecto contempla el permiso de uso y ocupación con carácter precario para la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte. Se trata de una parte de la parcela de una hectárea y de dominio fiscal municipal que se encuentra pegada al mar. El permiso tiene un plazo de cinco años y tiene opción de prórroga por un año más. También habilita el uso del lugar para uso gastronómico y también la elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación, en este caso gin.
Además, prevé la firma de un convenio entre la sociedad de fomento y el municipio y establece un canon anual de $3 millones de pesos, a razón de $250 mil mensuales a actualizar según el índice de inflación. Por último, quedaría habilitada la posibilidad de que la asociación vecinal pueda cederle el uso del predio a un tercero para la instalación de un bar y destilería de gin, “siempre que dicha cesión no exceda el marco del permiso de uso y ocupación”. El dato que levanta suspicacias es que el tercero, en este caso es la empresa Burbarrel SA, que elabora el gin Restinga.
El debate en la comisión fue breve, apenas una hora y cuarto, y si bien los legisladores de Juntos por el Cambio guardaron silencio, apoyaron el proyecto a la hora de votar. A esa mayoría se sumaron los concejales radicales Marianela Romero y Daniel Núñez, Mercedes Morro y Florencia Ranellucci de Vamos Juntos-Pro y Angélica González de la Coalición Cívica. Los representantes de Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense votaron en contra. Los libertarios se abstuvieron y adujeron cuestiones técnicas porque, según el concejal Emiliano Recalt, hay "inconsistencias jurídicas que pueden traer aparejada la posibilidad que esto sea un acto nulo”. Alegó además, que las asociaciones civiles no podrían llevar adelante convenios de esa naturaleza y que los datos con que se cuenta para dar vía libre a la obra no son confiables porque “el estudio de impacto ambiental, que data de 2022, está desactualizado”.
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