El presidente Javier Milei ordenó acelerar la privatización de 59 empresas estatales bajo el análisis en la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, equipo compuesto por unos 30 profesionales y dirigida por Diego Martín Chaher.
Uno de los principales objetivos es lograr la privatización de Aerolíneas Argentinas, por la cual en septiembre, en medio del conflicto con los trabajadores, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que habían iniciado "conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo de la operación Aerolíneas".
Con las privatizaciones, Milei busca reducir el control estatal sobre diversas áreas estratégicas de la economía, y según el entorno del presidente, se trata de "cerrar una fuente de ingresos de los políticos corruptos". Aunque algunas de las empresas sean rentables, el Gobierno sostiene que, si permanecen bajo control público, volverían a convertirse en entidades deficitarias debido a la intervención política.
El proceso de privatización se divide en seis posibles destinos para las compañías: privatización a través de una Oferta Pública Inicial (IPO), concesión, transformación, cesión a las provincias, cierre o asociación con socios estratégicos.
Uno de los puntos que destaca el gobierno es la rentabilidad esperada para las empresas que logren privatizarse. Las autoridades afirman que estas compañías tienen un gran potencial de generar ingresos si se gestionan de manera eficiente desde el sector privado.
A su vez, la venta de activos y la apertura de capital a inversores estratégicos permitiría optimizar los recursos y evitar el gasto estatal en subsidios.
En este contexto, las autoridades plantean tres fases principales para llevar a cabo el plan: definición, preparación y ejecución. Se espera que todo el proceso se complete en un lapso de 6 a 8 meses.
Qué empresas podrían ser privatizadas en poco tiempo
Aerolíneas Argentinas.
Intercargo.
ARSAT.
AySA.
ENARSA.
Fabricaciones Militares.
Banco Nación.
Banco Hipotecario.
Cada una de las empresas es evaluada caso por caso y se consideran aspectos como su viabilidad económica, oportunidades de negocio y los sectores de interés para potenciales inversores.
Por ejemplo, en el caso de AySA (Aguas y Saneamientos Argentinos), el gobierno busca atraer a un operador fuerte que asuma la gestión de la empresa, con la posibilidad de abrir su capital en la Bolsa. Mientras que ARSAT ya anunció que para 2025 buscará privatizar hasta el 49% de su capital accionario.
La privatización de Aerolíneas Argentinas es uno de los temas más delicados dentro del plan. Aunque el Gobierno considera inviable una privatización total en el corto plazo, ya se evalúan áreas específicas que podrían ser transferidas al sector privado, como los servicios de tierra o parte de la flota.
Además, se mantuvieron conversaciones con la provincia de Córdoba, que mostró interés en recibir la flota de Embraer (antigua Austral) para crear una aerolínea provincial.
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