| La oposición plantea una alternativa de ajuste para mantener el equilibrio fiscal y aumentar las jubilaciones | | |
 El proyecto propone aumentar las jubilaciones y las partidas universitarias a costa de la billetera del “triángulo de hierro” y los beneficios impositivos de empresarios y provincias, para mantener el déficit cero. Rechazo al DNU de canje de deuda, reducción de retenciones y evitar discrecionalidad otros ítems |
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Fecha:04/11/2024 7:53:00 
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Mientras que la agenda legislativa por el Presupuesto 2025 se mantiene congelada, la oposición “dialoguista” empezó a trabajar con otros bloques una versión propia del proyecto que sigue la consigna sagrada de déficit cero pero aumenta las jubilaciones y los fondos para las Universidades a costa de la billetera del equipo del presidente Javier Milei.
Tal como anticipó BAE Negocios, el dictamen propio del bloque Encuentro Federal, presidido por el diputado Miguel Ángel Pichetto, atenta contra la cartera de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Secretaría de Presidencia las áreas que maneja el “triángulo de hierro” de Milei. La propuesta, a la que accedió este medio, además contempla como prioridad bajarle impuestos al campo y cuela el rechazo del DNU 846 para que el Ejecutivo realice canjes de deuda sin pasar por el Congreso.
“Luego de haber analizado profundamente la propuesta oficial de Presupuesto, estamos convencidos de que hay varios aspectos que deben ser modificados de forma que, sin relegar el objetivo de equilibrio fiscal, permitan balancear más equitativamente el costo del ajuste que hoy enfrenta no únicamente ´la casta´ sino la ciudadanía en su conjunto”, introduce el bloque en un texto que comenzaron a divulgarle a otros bloques estos días, tras presentárselo al Ejecutivo semanas atrás.
En línea con la predicción de inflación del 18,3% anual que planteó el Gobierno, la propuesta de Pichetto impone que si la recaudación fuera mayor a la prevista se establezca una baja en los impuestos comenzando por los Derechos de Exportación para evitar la discrecionalidad. En ese sentido también agregan que se elimine lo que queda de los súper poderes que se implementaron en 2007 en la Ley de Administración Financiera, que establece que “el jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del monto total aprobado” con aprobación del Congreso, y que se rechace el DNU 846 con una contraoferta que permita realizar operaciones al Ejecutivo, siempre que no aumente el valor presente de la deuda.
A su vez, disponen que el tesoro deberá distribuir trimestralmente los fondos coparticipables retenidos para los Aportes del Tesoro Nacional que no se utilicen para las emergencias previstas, también para evitar discrecionalidad, e impulsan la eliminación de las asignaciones especificas del impuesto a los Combustibles para que se redirigan íntegramente al régimen de coparticipación, tras la suspensión de los subsidios al transporte y la paralización de la obra pública. De esta manera, plantean que las provincias ejecuten los gastos que crean convenientes sin afectar los recursos que le corresponden a la Nación.
Los dos puntos más sensibles son el aumento a las jubilaciones y las partidas universitarias. Por un lado, vuelven sobre la recomposición del 8,1% desde enero del 2024 que el Gobierno no contempló en el DNU de fórmula de movilidad jubilatoria -artículo vetado de la ley que impulsó el radicalismo con el kirchnerismo- y promueve fijar la fórmula por ley para reemplazar ese decreto. También dejan plasmado el reclamo de los gobernadores por las 13 cajas jubilatorias provinciales -motivo principal del veto de Milei- para que la Anses automatice nuevamente el giro de fondos compensadores, que Milei suspendió.
El financiamiento para lograrlo proponen que provenga de la eliminación de exenciones de IVA que gozan directores de empresas, el área de construcción y los diarios y revistas (medida que el Gobierno anunció hace dos semanas). También de la reasignación de fondos de las partidas de la SIDE y la Secretaría de Presidencia, que aumentaron casi el doble según planteó el Gobierno la eliminación de la exención de Ganancias que beneficia a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) los fondos sobrantes tras la reestructuración de la AFIP que impulso el Gobierno -que contempla la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, además del recorte de personal- y la nacionalización de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), proveniente de un porcentaje del IVA del régimen especial de Tierra del Fuego.
Por último, instan la ampliación de la partida para financiar las universidades nacionales en un 17% para garantizar la recomposición salarial de los docentes y no docentes universitarios, “siempre apoyando la necesidad y periodicidad de las auditorías”. El financiamiento, así, pasaría del $3,8 billones que asignó Milei en el Presupuesto a un $4,5 billones, sin contemplar el aumento del 6,1% que el ministerio de Capital Humano fijó en el último mes: con esto el aumento que asigna el Gobierno es en realidad de $4,1 billones. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones.
El incremento se financiaría de los ahorros logrados por la eliminación de los sobrecargos de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que sean de $435.000 millones para el año que viene la reducción de la Ley de Economía del Conocimiento, que gozan empresarios como Marcos Galperín, con la condición de que se reincorpore cuando la economía crezca y la eliminación de la exención de IVA para espectáculos públicos.
El gobierno libertario se para firme en que no cumplirán los pedidos en torno a las jubilaciones y sobre las universidades, en cambio, buscan impulsar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la eliminación de los fondos para financiar a partidos políticos y reducir aún más las transferencias a las provincias para permitirse aumentar las partidas universitarias, a sabiendas de que esa reforma política no alcanzaría para cubrir lo que piden las Universidades y no tiene aval en el Congreso. “Pichetto lo que hace es jugarle a favor al Gobierno”, consideraron en Casa Rosada sobre su dictamen, en línea con que las trabas que impongan en las negociaciones solo lograrían que se prorrogue nuevamente el presupuesto 2023: no se dejan acorralar.
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