El grito de «Justicia, basta de quitas» resuena con fuerza en el colectivo de personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan incansablemente por garantizarles una vida digna. Este miércoles, en distintas ciudades del país, se llevó a cabo una movilización nacional para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales. Este reclamo colectivo pone en evidencia una realidad que no puede ser ignorada: las políticas públicas que afectan a este sector vulnerado requieren una atención urgente.
La convocatoria central fue frente a la Residencia Presidencial de Olivos, ubicada en el cruce de las calles Maipú y Carlos Pellegrini, en la provincia de Buenos Aires. A las 10, hubo un abrazo simbólico a la quinta presidencial y fue el acto que representó el pedido de atención urgente a las demandas de este colectivo. A lo largo del día, en otras ciudades del país, se replicaron acciones similares. En Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, los participantes se concentraron en distintos puntos clave para dar visibilidad a la problemática que afecta no solo la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también el trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios necesarios para su bienestar.
Este panorama se vuelve aún más grave cuando se considera el impacto de los recortes presupuestarios del gobierno para 2025. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes previstos en las pensiones no contributivas, un recurso fundamental para muchas personas con discapacidad que dependen de este apoyo para poder acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna.
«Nos preocupa enormemente lo que se ha conocido sobre el presupuesto. La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso esencial para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 han aumentado apenas un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones», destacó Maidana.
De igual manera, enfatizó que el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado y la actualización de los pagos a los talleres protegidos son demandas urgentes. Los trabajadores de estos talleres, que ganan apenas $ 28.000 desde febrero de 2023, no pueden sostener sus prestaciones debido a los bajos ingresos, lo que pone en riesgo el acceso de las personas con discapacidad a los tratamientos adecuados para cada patología. Estas condiciones se suman a las dificultades de los transportistas, que deben garantizar el acceso a pasajes gratuitos para las personas con discapacidad.
Las demandas del colectivo incluyen, además, la implementación de una Asignación Universal por Discapacidad, que garantice un mínimo de recursos para quienes no pueden acceder a otros tipos de ayuda, y la eliminación del Decreto 843, que retrocede en la adjudicación de pensiones no contributivas. Es fundamental que el Estado escuche y responda a estas solicitudes, ya que afectan derechos fundamentales. Las demandas son claras y urgentes: no solo se busca la inclusión plena, sino también la dignidad y el respeto que cada persona con discapacidad merece.
Porque la inclusión comienza con el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho de ser parte de la sociedad, sin barreras ni exclusiones, y es el amor y el respeto lo que realmente puede construir un futuro donde todos tengamos un lugar en el mundo.
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