| La mitad de las 130 mil personas que perdieron su puesto de trabajo en el sector privado y en blanco es bonaerense | | |
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El impacto de las medidas económicas y la política productiva del Gobierno nacional ya empezaron a dejar huella en la provincia de Buenos Aires. Es que en las últimas semanas también se dio el cierre de Dánica, en Llavallol, con 150 despidos, y de Avón, en San Fernando, con 293 ceses laborales, además de los 360 echados de la firma DASS, en un caso similar al de los 101 despedidos de Biocontinentar en Chivilcoy.
Funcionarios del Gobierno de la Provincia marcaron que, además, en diversas comunas hay empresas con procedimientos preventivos de crisis, como es el caso de una muy conocida firma del rubro del neumático que despidió el año pasado más de 400 trabajadores, y ahora pidió la reapertura. “Estamos ante un escenario de un industricidio”, sentenció a Buenos Aires/12 el subsecretario de Relaciones del Trabajo bonaerense, Andrés Reveles, del equipo de Walter Correa.
“Estamos siguiendo lo que está pasando en la industria y nos preocupa sobremanera”, planteó. “En la legislación argentina el despido no está prohibido. Ahora, también tenemos que entender que hay cuestiones que son socialmente injustas. Si tengo ventas, si soy una empresa líder, no me puedo ir de un lugar porque quiero hacer más plata importando y dejando un desastre social”, subrayó.
El funcionario planteó un panorama negativo de cara a los años que vienen en materia laboral. “En la medida que se vaya consolidando un proyecto político que brega por el industricidio, las cosas van a ser más complicadas. En la provincia de Buenos Aires tenemos una gestión en la cual entendemos que los trabajadores tienen que ser protagonistas. Hay una manera de ver el mundo del trabajo y de ver a las personas, que no es la que tiene el Gobierno Nacional, en la cual pretendiendo que cierren los números -que tampoco cierran- producen desastres sociales. No les importan las personas, no les importa la industria nacional, no les importa nada. Claramente si este Gobierno Nacional se consolida en el año 2025, va a ser muy complicado. Se van a perder muchos puestos de trabajo”, aseguró.
La amenaza a la paz social
Un ejemplo del impacto de esta política se visualizó esta semana en el drama que vive la comunidad de Coronel Suárez, una ciudad del sudoeste bonaerense donde la empresa DASS decidió cerrar sus puertas dejando 360 personas en la calle. Es una muestra más del embate contra la industria que se acrecentó en la provincia de Buenos Aires a partir de medidas del Gobierno nacional, como la apertura indiscriminada de importaciones.
Como dio cuenta Buenos Aires/12, la firma que confecciona calzado deportivo está consolidado como el mayor empleador privado de esa ciudad, pero las consecuencias las absorberá el Estado -en este caso el Municipio-, ya que prevén que pueda haber un incremento en la demanda de los servicios de salud públicos, entre otros. Pero no es el único caso.
“Tuvimos una audiencia en la cual la empresa planteó declinar la instancia administrativa, o sea que no se discuta la cuestión, amparándose en la ley 10.149. Nosotros nos oponemos dado que es un tema que amenaza la paz social, que compromete la situación de la comunidad entera”, describió a este diario Reveles.
En la audiencia el Ministerio indagó sobre los motivos del cierre, quiso conocer si enfrentaban algún problema económico y “hasta se les preguntó si necesitaban algo para quedarse”, todo con respuesta negativa. “Acá no es un tema de que la gente no compra, están cambiando el formato del negocio. En vez de producir y trabajar pretenden hacer otra cosa”, sentenció Reveles. Desde el gremio Uticra sostienen que la intención es convertirse en importadores.
“Están dañando a una comunidad. Hace un montón de años la empresa estaba establecida allí, y anteriormente había otras empresas en esos talleres. El daño es muy grande”, agregó el funcionario.
A pesar de que la cartera convocó a una nueva audiencia para el miércoles 15 de enero con el objetivo de ultimar instancias y llegar a un acuerdo para sostener la planta, las autoridades de la firma definieron a la decisión como “indeclinable”, desechando cualquier posibilidad de negociación que pudiera salvar los puestos de trabajo.
Un camino hacia el fin de la industria
Esta semana, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso que a un año de asumir el gobierno de Milei, cerca de 130.000 personas perdieron su puesto de trabajo registrado en el sector privado y subrayó que, de ese total, 54.000 son bonaerenses.
“Los sectores más golpeados continúan sin mostrar signos claros de recuperación”, aseveró al marcar que la construcción fue el sector más perjudicado, dado que opera en niveles de actividad 30 por ciento inferiores a los de 2023.
Asimismo, el ministro de Axel Kicillof lamentó que la industria perdió “cerca de 28 mil puestos formales desde que asumió el Gobierno nacional”, mientras que la situación de restaurantes y hoteles “es preocupante de cara a una temporada que no luce nada bien para los destinos argentinos”.
El caso más resonante de los últimos días fue el de la empresa Dánica por sus 85 años de historia. Según señalaron desde la cartera de trabajo, hubo un intento de la empresa de cambiar de convenio a los operarios, que se opusieron, pero luego acordaron hacer una serie de "concesiones" en 2022 para alcanzar el pleno salario que indica el convenio aceitero, pero cuando llegó el momento de hacer efectivo ese abono, cerró las puertas para tercerizar la producción en una planta de Córdoba. Otro caso resonante en los últimos meses fue el de la firma ARSA, productora de yogures, que entró en conflicto con los trabajadores a quienes atrasó el abono de salarios en el marco de un intento de cierre de la planta de Arenaza, en la ciudad bonaerense de Lincoln.
En una reciente entrevista con Buenos Aires/12, el ministro de Trabajo bonaerense evaluó la situación que enfrenta el segmento de los trabajadores y aseveró que “el industricidio de Milei ataca puntualmente a la Provincia, que es el corazón productivo de la República, donde tenemos más del 50 por ciento de las pymes, más del 50 por ciento de la mediana empresa y de las cooperativas”.
“La política de Milei atenta contra miles de puestos de trabajo, que para nosotros no es un número en una planilla, sino padres, madres, hijos”, marcó el ministro. “Los intendentes nos plantean preocupación por la caída del consumo interno, con esto de que se planteó al señalar que no hay inflación y que está bajando, pero en los comercios los precios siguen aumentando”, añadió.
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