La defensa del Roberto Guillermo Bravo, uno de los fusiladores de Trelew, pidió que se deje sin efecto la decisión del jurado que en 2022 lo consideró culpable de los asesinatos de Eduardo Cappello, Rubén Bonet, and Ana María Villarreal de Santucho y del intento de asesinato de Alberto Camps, hechos ocurridos el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. Fue durante una audiencia que se llevó a cabo durante la mañana del martes en la cámara de apelaciones del 11º circuito de Miami, Florida, donde Bravo reside desde que se escapó tiempo después de la masacre contra los presos políticos.
Los abogados de Bravo alegan que rige una prescripción para los hechos y que el exmarino, devenido en contratista de las fuerzas armadas y de seguridad estadounidense, no es solvente para afrontar la demanda civil. En dos oportunidades, la justicia estadounidense rechazó su extradición para ser juzgado en la Argentina.
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