El Gobierno formalizó la autorización para iniciar el procedimiento de “privatización total” de los tramos de las rutas de la empresa Corredores Viales bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, como paso previo a la disolución de la compañía creada en 2017.
La medida abarca a tramos de rutas de todo el país por un total de 19.645,57 kilómetros, especificados en el anexo del decreto 97/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, en el que, además, se da cuenta del estado de deterioro de las rutas, así como el déficit operativo de la empresa.
La privatización, cuyos plazos aún no fueron detallados, había sido adelantada el viernes 14 de febrero por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó en una conferencia de prensa que "a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura mediante la participación del sector privado, que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios”.
Privatización de Corredores Viales: los pasos a seguir
El Ministerio de Economía, asistido por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, adoptará las medidas necesarias para la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión tramos asignados a Corredores Viales.
También dispondrá la licitación de nuevos contratos de concesión de obra pública sobre los corredores actuales y, por último, la disolución del ente una vez adjudicadas las nuevas concesiones.
Si bien en el anuncio de Adorni se señaló que el plan oficial abarca la concesión de 9.145 kilómetros de rutas, en el anexo del decreto se detallan tramos por un total de 19.645,57 kilómetros.
Entre ellos se encuentran la Ruta Nacional 3, la 5, la 7, la 8 y la 9, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
En total, Corredores Viales gestiona 10 tramos de rutas y autopistas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones.
La situación de la empresa
En los considerandos del decreto se aseguró que fueron verificados 3.402 kilómetros de traza vial bajo administración de Corredores Viales que “no se encuentran en óptimas condiciones para la circulación y conexión de las distintas regiones del país, lo que representa aproximadamente el 45% del total de las rutas que le fueran oportunamente asignadas”.
Asimismo, se remarcó que en 2023 la empresa presentó un déficit de $ 142.205.649.349 y pérdidas acumuladas de $ 268.676.670.507.
Como consecuencia, la operación de las redes viales se realizó a través de transferencias del Tesoro por un total de $ 301.010.910.761.
No obstante, se destacó que en 2024 “la empresa consolidó avances sustanciales en la implementación de innovaciones tecnológicas que optimizaron la eficiencia del gasto público en cumplimiento de las directrices estratégicas del Poder Ejecutivo Nacional”.
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