Un segundo hombre acusado por la destrucción de un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la marcha de los jubilados del 12 de marzo quedó detenido con prisión preventiva por decisión de la jueza porteña Karina Andrade. Se llama Gonzalo Gramajo y no integraba la lista de los 114 detenidos originales que fueron liberados por la misma magistrada aquella noche, una decisión que el ministerio de Seguridad de la Nación utilizó como excusa para denunciarla. Fue identificado con posterioridad por la fiscalía. Lo mismo había ocurrido con Fernando David Yurquina, quien aceptó un juicio abreviado y la semana pasada recibió una condena a un año y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de daño agravado, por tratarse de un bien público.
Protesta y violencia
En ambas resoluciones --aunque la de Gramajo es provisoria-- la jueza Andrade marca una distinción con su decisión de liberar a los detenidos de aquella movilización de marzo, que el Gobierno adjudicaba a "barrabravas" (porque daban su apoyo hinchas de clubes de fútbol): cuestiona las detenciones al voleo por parte de las fuerzas de seguridad en situaciones de protesta social pero planeta distinguir casos en los que se suceden hechos de violencia que no están vinculados con la esencia de la movilización. Dice que hay un límite que se cruza en el caso del daño e incendio del patrullero.
La madrugada del 13 de marzo la magistrada señaló que el derecho a la protesta, a la manifestación en democracia y a la libertad de expresión son fundamentales y que en ese momento --además-- la policía no le aportaba los elementos para explicar el por qué de cada detención ni donde alojaban a los detenidos. Destacaba que la convocatoria partía de un sector vulnerable --los adultos mayores, que tienen especial protección y que el Poder Judicial no puede avalar detenciones masivas, indiscriminadas, por el solo hecho de participar en marcha.
A partir de la causa que quedó en sus manos por los daños al móvil policial, plantea una tensión: "La realización de actos de violencia en el marco de una protesta —ya sea por parte de manifestantes o de fuerzas estatales— genera un efecto disuasorio respecto del ejercicio de estos derechos, afectando no solo a quienes resultan víctimas directas, sino al conjunto de la ciudadanía, al permitir que se instale una lógica de deslegitimación y estigmatización de la protesta. Esta situación no puede ser tolerada ni relativizada, cualquiera sea el actor involucrado, en tanto compromete seriamente los estándares democráticos de libertad, igualdad ante la ley y participación cívica. En definitiva, la plena vigencia del derecho a la protesta exige una investigación diligente frente a toda conducta violenta, ya sea de origen estatal o particular, que tienda a desnaturalizar su ejercicio".
El patrullero incendiado
Ni Yurquina ni Gramajo fueron detenidos en flagrancia como lo habían sido los 114 manifestantes (que en rigor fueron 116, solo que dos no habían sido informados). Con colaboración de la Policía de la Ciudad y en función de imágenes tanto de esa fuerza como de medios de comunicación, el auxiliar fiscal Santiago Almeida buscó identificar a las personas, que eran muchas, que habían volcado, golpeado e incendiado el patrullero que estaba en Avenida de Mayo 1299. Hasta ahora esas fueron las detenciones que pidió. Yurquina estaba con una camiseta de All Boys y Gramajo con una de Defensores de Belgrano. Ambos están filmados en la escena y la jueza consideró que son coautores, partícipes del daño. Por ahora no hay nadie más que haya sido individualizado.
Yurquina aceptó un acuerdo con la fiscalía y la condena que recibió fue más que expeditiva. También fue de una eficiencia en los últimos tiempos desconocida la rapidez con la que lo mandaron a la cárcel de Marcos Paz (hasta ahora, como la ministra Patricia Bullrich alegaba que no hay lugar en las cárceles federales, mandaban a los detenidos/as a comisarías porteñas). Aceptar una culpabilidad no parece ser el camino que vaya a seguir Gramajo. Su abogado, Adrián Albor, en la audiencia discutió la responsabilidad de su defendido en el hecho. Afirmó que no rompió el vidrio del vehículo y que cuando dio un golpe al móvil, según las imágenes, lo hizo con un caño de PVC que no generó daño alguno. Sostuvo que no se lo puede vincular al incendio.
El abogado también planteó dudas acerca de la presencia de ese patrullero en ese lugar, a dos cuadras del Congreso, epicentro de la movilización, con las puertas abiertas, como servido para que alguien lo prendiera fuego. La jueza afirmó que no estaba afectado al operativo y que estaba ahí por un caso de violencia de género, aunque la fiscalía no llevó pruebas al respecto a la audiencia. "No exhibieron ninguna prueba que demuestre que no fue dejado ahí para ser presa del clamor popular", le dijo a Página/12.
Albor insistió ante este diario: "No hay un solo elemento de prueba que muestre que Gramajo haya dañado el patrullero. Los que intentaron matar a Pablo Grillo y los que lesionaron a Beatriz Blanco están en la casa. Se le reprocha haber tardado dos semanas en presentarse. Eso no fue un obstáculo cuando exigieron a (Fabián) Pepín Simón, después de pasar años en Punta del Este, fugado de la justicia argentina". Albor representa también a la jubilada Blanco ante la justicia federal, donde pide ser querellante por las agresiones recibidas por parte de dos policías federales, a puto tal que terminó tendida en el piso, con una herida en la cabeza y hospitalizada.
¿Y las fuerzas de seguridad?
La fiscalía porteña, según el planteo de Andrade, podría investigar si existieron abusos en la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hubo efectivos que participaron del operativo y algunas detenciones. Pero no parece haber ninguna pesquisa en ese sentido. A las fuerzas federales las investiga la jueza María Servini, aunque fragmentó las causas y no estaría analizando el operativo represivo como conjunto: por un lado hay medidas para determinar la responsabilidad del gendarme que le disparó al fotógrafo Grillo y quienes daban las órdenes, y por otro lado está la causa sobre el ataque a Beatriz Blanco, que fue citada a dar testimonio la semana que viene. Aún no fue aceptada como querellante. Si lo fue la familia de Grillo. Se supone que hay otras líneas de investigación ya que se juntaron varias causas, pero no está claro hasta donde escalará la jueza ni si tiene en el foco algunos hechos llamativos como la imagen de un policía plantando un arma.
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